Hay que anular la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley Nº 15848 del 22-12-1986)
“Caducidad de la pretensión punitiva del Estado” significa que el Estado renunció al derecho a castigar crímenes cometidos por militares y policías durante la dictadura.
Esta ley nació viciada. Es inconstitucional. Fue votada en 1986 por un Parlamento bajo amenazas y desacato militar. Ampara crímenes de Lesa Humanidad, por lo que viola el derecho internacional, así como tratados que el Uruguay ha suscrito y es incompatible con el principio de que todos somos iguales ante la ley.
Por eso debe ser anulada y sus efectos eliminados. Mientras tanto no habrá justicia, tampoco se podrá conocer la verdad, pues la Ley obstaculiza la investigación de lo ocurrido durante la dictadura.
La anulación puede hacerse por una nueva ley aprobada con simple mayoría parlamentaria, porque estamos ante una ley ordinaria. El referéndum realizado en 1989 para el cual se juntaron más de 600.000 firmas, no fue para ratificar la Ley, sino para derogarla. Se realizó en medio de temores de otro Golpe de Estado, el Parlamento y el cuerpo electoral no fueron totalmente libres. Se fracasó y la Ley quedó firme, con respaldo político pero no con un rango superior.
Si el Parlamento no actúa al respecto, a la ciudadanía le queda el camino de una reforma constitucional, a ser votada con las elecciones nacionales por un nuevo cuerpo electoral, con mucha más información y libertad, veinte años después de aquél referéndum.
Para ello se necesitan aproximadamente 250.000 firmas.
En eso estamos.
Porque la impunidad no debe de ser tolerada, porque estamos en deuda como sociedad, en particular con las víctimas del terrorismo de Estado, porque la impunidad no debe seguir siendo un legado para nuevas generaciones, porque reivindicamos valores universales de justicia, solidaridad y respeto a los derechos de todos.
Coord. Ciudad. de la Costa por la Nulidad de la Ley de Caducidad. ..
Tenemos Credenciales. Las usaremos.
“Caducidad de la pretensión punitiva del Estado” significa que el Estado renunció al derecho a castigar crímenes cometidos por militares y policías durante la dictadura.
Esta ley nació viciada. Es inconstitucional. Fue votada en 1986 por un Parlamento bajo amenazas y desacato militar. Ampara crímenes de Lesa Humanidad, por lo que viola el derecho internacional, así como tratados que el Uruguay ha suscrito y es incompatible con el principio de que todos somos iguales ante la ley.
Por eso debe ser anulada y sus efectos eliminados. Mientras tanto no habrá justicia, tampoco se podrá conocer la verdad, pues la Ley obstaculiza la investigación de lo ocurrido durante la dictadura.
La anulación puede hacerse por una nueva ley aprobada con simple mayoría parlamentaria, porque estamos ante una ley ordinaria. El referéndum realizado en 1989 para el cual se juntaron más de 600.000 firmas, no fue para ratificar la Ley, sino para derogarla. Se realizó en medio de temores de otro Golpe de Estado, el Parlamento y el cuerpo electoral no fueron totalmente libres. Se fracasó y la Ley quedó firme, con respaldo político pero no con un rango superior.
Si el Parlamento no actúa al respecto, a la ciudadanía le queda el camino de una reforma constitucional, a ser votada con las elecciones nacionales por un nuevo cuerpo electoral, con mucha más información y libertad, veinte años después de aquél referéndum.
Para ello se necesitan aproximadamente 250.000 firmas.
En eso estamos.
Porque la impunidad no debe de ser tolerada, porque estamos en deuda como sociedad, en particular con las víctimas del terrorismo de Estado, porque la impunidad no debe seguir siendo un legado para nuevas generaciones, porque reivindicamos valores universales de justicia, solidaridad y respeto a los derechos de todos.
Coord. Ciudad. de la Costa por la Nulidad de la Ley de Caducidad. ..
Tenemos Credenciales. Las usaremos.
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